Avanza Ley Antimoches en el Congreso de Jalisco

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Aprobaron la nueva Ley de Obra Pública que pretende limitar la facilidad con la que funcionarios públicos desvían recursos del otorgamiento de obras públicas. 

Guadalajara, Jal.- Los diputados que conforman la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de Jalisco, aprobaron la nueva Ley de Obra Pública que pretende limitar la facilidad con la que funcionarios públicos desvían recursos del otorgamiento de obras públicas. Como proyecto, se implementa la figura del testigo social, que participará desde la convocatoria, licitación y asignación de la obra con el objetivo de volver más transparente los procesos.

Las modificaciones serán al Código Urbano y a la Ley de Coordinación Metropolitana para armonizarlas con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de expedir la nueva Ley de Obra Pública, a iniciativa de los diputados Rocío Corona Nakamura, del Partido Revo­lucionario Institucional (PRI), y Ramón Demetrio Guerrero Martínez, del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con Corona Nakamura,  en lo relativo a las reformas al Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana, la movilidad y vivienda se vinculan, de ahí la importancia de los desarrollos orientados al transporte; optimizar la infraestructura de los servicios públicos ya existentes en la ciudad y redensificar Guadalajara, ya que entre 2005 y 2015 se marcharon 140 mil 792 personas, es decir, un promedio de 38.57 habitantes diarios. Además, en el Centro histórico hay un millón de metros cuadrados construidos y abandonados. “Tenemos una ciudad bulliciosa en el día y fantasma en la noche”, afirmó.

PIDEN ATLAS DE RIESGO

Además, con estas modificaciones, los legisladores  pretenden que los planes parciales de desarrollo no sean aprobados sin la existencia previa de un Atlas de Riesgo donde se pueda saber cuáles son los peligros para las viviendas y la gente. Se exige también el Programa de Reordenamiento Ecológico para salvaguardar las áreas naturales y el medio ambiente, y evitar la voracidad inmobiliaria. Dicho programa es condicionante para los planes parciales de desarrollo.

LEY DE OBRA PÚBLICA

Respecto a la adhesión de la Comisión de Puntos Constitucionales al dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, que aprueba la nueva Ley de Obra Pública, el emeceísta Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente de dicha instancia legislativa, destacó que desaparecerán los “moches”, una legislación a la altura de lo que requiere Jalisco, que haya certeza de que peso etiquetado o destinado a obras, pueda ser ejecutado con ese concepto.

Habrá el testigo social para garantizar que el proceso en la adjudicación sea claro, íntegro, además de que la Contraloría Social formará parte de obligatoriedad en la ejecución de la obra pública. De esta manera, los ciudadanos vigilarán que lo acordado en el contrato sea ejecutado  en la práctica. Igualmente, habrá el padrón único de contratistas y tener una visión conjunta de lo que requiere el Estado. A la par, será obligatorio el Banco de Proyectos a nivel estatal para su consulta.

SIN “MALECHURAS”: PRI

Por su parte, la diputada Corona Nakamura manifestó que también se trata de terminar con las ‘malechuras’. “Basta de pavimentos de mazapán que se desbaratan en la primera lluvia. Habrá muchos ojos, nada en lo oscurito. La ciudadanía será un protagonista importante. El ojo ciudadano especializado será el Testigo Social que participará desde la convocatoria, licitación y asignación de la obra”.

Agregó que “ya no se podrá que una carretera de 100 kilómetros que debe contratarse por licitación pública en razón de su cuantía, la dividan en 100 contratos de asignación directa”, ya que en ésta participarán varios contratistas que reúnan las condiciones técnicas y económicas para realizarla, y será adjudicada por sorteo en presencia del Testigo Social. Además, se acabaron las obras por racimo. En la Adjudicación Directa el contratista sólo tendrá derecho a una sola obra, y hasta que termine podrá participar en otra”. El cohecho o ‘moche’ se sanciona en el Código Penal desde 15 mil 98 pesos, de dos a 12 años de prisión y multa de siete mil 549 a 22 mil 647 pesos.

PARA SABER

En Guadalajara del 2005 al 2015 se marcharon 140 mil 792 personas, es decir, un promedio de 38.57 habitantes diarios.

(Crónica Jalisco)

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