Congreso local evade y retrasa juicios políticos

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Guadalajara, Jal. (Crónica Jalisco).- En tan sólo un año, el Congreso del Estado de Jalisco ha acumulado 38 solicitudes o trámites de Juicios Políticos en contra de funcionarios públicos. De esos 38, únicamente el del magistrado Alberto Barba Gómez del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) ha sido generalizado en medios de comunicación y, trabajado con celeridad. Además, sin dar ninguna explicación a fondo, la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez Chavira, del Partido Acción Nacional (PAN) anunció el pasado jueves que se desecharían 12 casos, de los cuales, no existe un registro del cómo es que se investigaron o por qué se desecharon.

Además, de esos 38 Juicios Políticos, ocho son heredados de las administraciones pasadas; los principales motivos por los cuales se interponen estos procedimientos son por el abuso de atribuciones, de poder, y el daño al erario.

Al respecto, la panista dijo para La Crónica de Hoy Jalisco, que al tratarse de procesos muy largos, los diputados tienen que esperar a que las investigaciones se lleven a cabo para poder determinar quiénes sí son objeto de un juicio, y quienes pertenecen al área de asuntos administrativos.

“En esta legislatura hemos estado recibiendo alrededor de 36 solicitudes de Juicio Político, la mayoría de los casos sobre decisiones de los servidores públicos que exceden a sus atribuciones, otro paquete podría ser el de decisiones que tomaron que podrían estar afectado el erario o el patrimonio cultural o económico del municipio, o incluso, ha habido por afectaciones a particulares (…) Algunas de ellas todavía están en el proceso de estudio, por ejemplo una de ellas tendremos que dar cuenta de un turno que nos pasa el pleno, y entonces se iniciaría la radicación”, explicó Pérez Chavira.

LOS IMPLICADOS

Los nombres de los implicados en las investigaciones varían en dependencia o afinidad política. Entre los datos abiertos del Congreso de Jalisco, ubicados en el programa de transparencia de Información Legislativa y Documental (Infoleg), en el apartado de comunicaciones recibidas, se encuentran los Estados Procesales de las solicitudes de Juicios Políticos de personajes (Sin especificaciones) como: Alberto Uribe Camacho, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga; Ismael del Toro Castro, en su calidad de expresidente municipal también de Tlajomulco; Aristeo Mejía, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA); Alberto Barba Gómez, magistrado de la sexta sala del TAE, Enrique Alfaro,  presidente de Guadalajara, Luis Carlos Vega Pámanes, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJEJ); Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Fiscal General; María Elena Limón García, en su carácter de Presidenta Municipal de Tlaquepaque, entre otros. Todos ellos sin concluir.

PRIISTAS, COMPARSAS HASTA EN JUICIOS

Nunca hay pruebas ante el Congreso. Documentos a los que tuvo acceso este medio de comunicación, certifican que los priistas y actualmente diputados locales; Jorge Arana Arana, ex presidente de Tonalá en dos ocasiones; Oswaldo Bañales Orozco, ex secretario general en la última gestión de Arana, pasan por múltiples solicitudes de juicio político y, a pesar de que las legislaturas cambian, nunca son sancionados.

En marzo de 2011, José Enrique Ibarra de Alba, solicitó un procedimiento de Juicio Político en contra del presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos y el síndico, Edgar Oswaldo Bañales Orozco.

Desde 1999, Arana Arana ha enfrentado seis solicitudes de juicio político y se le ha abierto el proceso en dos ocasiones: por supuestamente contratar empresas sin la aprobación del cabildo en 1999, y por un presunto fraude a una cooperativa de ahorradores en el 2001. En mayo del año pasado también fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.

De acuerdo con los documentos presentados por el órgano legislativo, otra de las denuncias se presentó el 26 de septiembre por la ciudadana Rocío Chávez en contra del ex munícipe y su equipo de regidores por “Por presuntos actos y omisiones” en la prestación de servicios durante el periodo que encabezó. La solicitud de juicio político registrada bajo el expediente 23/2016 en la que se denunciaba a los priistas en su carácter de expresidente municipal y exsecretario general en Tonalá, se debían a las acusaciones por los temas del fallido Proyecto Yolkan, en el Cerro de la Reina; y las presuntas basificaciones irregulares durante el último periodo de ambos como funcionarios municipales en Tonalá.

Las basificaciones fueron expuestas por el propio alcalde de Tonalá, Sergio Chávez durante su proceso de entrega/recepción.  Chávez Dávalos, denunció en el 2015 que se habían hecho de manera irregular a cerca de 38 personas en los organismos públicos descentralizados del municipio y que se le negaba el acceso a la información que por Ley, debería ser pública. Sin embargo, para el Congreso, no hubo pruebas suficientes para desarrollar el juicio.

“Hay de acuerdo a la estadística, una buena cantidad de asuntos que no son procedentes, o bien porque se están presentando por causas que no están contempladas dentro del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades, algunos otros porque no están dentro del lapso en el que pueden ser presentados los juicios políticos y algunas otras porque no hay elementos claros sobre lo que están pidiendo”, finalizó la diputada y presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Legislativo en Jalisco, María del Pilar Pérez Chavira.

APUNTE

Los funcionarios públicos con mayor número de peticiones de Juicio Político en su contra son: Jorge Arana, con tres; Alberto Uribe Camacho, también con tres; y, Luis Carlos Vega Pámanes con cinco solicitudes.

DATO

Los motivos principales por los cuales se interponen procedimientos  de Juicios Políticos son por el abuso de atribuciones, de poder, y el daño al erario.

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