Paga Jalisco 130 MDP por guaruras de políticos

0

La información sobre la opacidad en la que operan los escoltas es real, según datos de la FGE.

Guadalajara, Jal.- Líderes religiosos, empresarios y políticos disfrutan de seguridad privada con cargo al erario, a pesar de que la pueden pagar. Y según el último estimado financiero que realizó el diputado Augusto Valencia del Partido Movimiento Ciudadano (MC), las corporaciones policiacas de Jalisco gastan «alrededor» de 130 millones de pesos anuales en sueldos de los policías asignados como escoltas de personas de las que no conocemos ni sus nombres, o porqué es que gozan de ese privilegio.

Según el diputado, dicha discreción no corresponde a un protocolo de seguridad. Es decir, los nombres de los beneficiados por los agentes policiacos no son públicos, porque, con ellos negocian la estadía de un fiscal o un titular de la policía; si los poderosos se sienten seguros portando escoltas, el fiscal o los encargados de las corporaciones policiacas permanecen en el cargo, si no, son removidos.

“Ni siquiera nos han dado datos oficiales, pero nosotros (su equipo de trabajo) construimos que son cerca de 130 millones de pesos tan sólo en sueldos, que se destinan en un promedio de 500 elementos, cuando nosotros contabilizamos que hay bastantes más, superan los 700. El dato lo construimos con información de los propios escoltas.

Al año, las escoltas que protegen a algunos funcionarios se estiman en más de 130 millones de pesos; líderes religiosos, sindicales y algunos empresarios. Los nombres no sería información que estén compartiendo, y que probablemente podría generarse alguna violación sobre los temas de seguridad, pero el gobierno debería por lo menos informar cuántos son empresarios, cuántos son líderes religiosos, cuántos son activistas —Que no los hay—, cuántos son servidores públicos, pero esa información es inexistente.”, comentó.

En pocas palabras, la encrucijada de información deriva de que las autoridades consideran que los nombres de las personas a quienes cuida el Estado es información clasificada como confidencial. Asimismo, el número de oficiales asignados a esas tareas.

PROTEGIDOS EN LA OSCURIDAD

Los beneficiados no solamente son protegidos por nuestros policías, sino también, por los mecanismos de transparencia. Mediante un documento emitido por la oficina de transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), se pudo constatar que la información sobre la opacidad en la que operan los escoltas, es real.

El documento configurado por 35 cuartillas de defensa legal por parte de la Fiscalía General del Estado impedía que saliera a la luz la siguiente información: En los últimos tres años… Nombre de las empresas a las que se les compró armamento y cartuchos. Cantidad y tipo de cartuchos. ¿Cuántos escoltas están asignados a empresarios y funcionarios? ¿Quiénes son los empresarios y funcionarios que cuentan con escoltas? ¿Qué costo mensual pagan los empresarios por el servicio de escoltas? La información fue clasificada como de “Daño específico” (Reservada y confidencial).

Y el argumento de la FGE para ocultar la información fue el siguiente: El hecho de divulgar información que se hace consistir en: cuántos escoltas están asignados a empresarios y quiénes son, estaría transgrediendo un derecho fundamental de la privacidad de las personas, proporcionando información confidencial de la cual no se cuenta con autorización previa para ministrar. Lo anterior, queda constatado en el recurso de revisión número 903/2015 que es de carácter público.

GANAN LA PLANA, PERO PATEAN EL BOTE

El conflicto de privacidad surge en medio de un bombardeo mediático. Por lo menos nueve medios de comunicación de Jalisco instalaron en las portadas de sus diarios un cabezal el 6 de septiembre del año en curso, con el que anunciaban que en la entidad “Los guaruras” serían fiscalizados. Y a la fecha eso aun no ocurre, y la ciudadanía sigue sin saber cuántos de los policías que deberían estar en la calle, están cuidando a personas poderosas.

“Va a suceder la regulación antiguaruras, pero la quieren dilatar (…) Ningún partido político de este Congreso (el de Jalisco), iba a asumir el costo político de no hacer lo correcto. El gobernador asumió la responsabilidad de patear el bote, porque ganan la plana, pero luego mandan el mensaje de esperemos tantito”, apuntó Valencia López.

Finalmente, el emeceísta impulsor de la Ley, niega que pudieran derribar su reforma (dado que ya está aprobada). Pero explica que la tardanza en ejecutarla deriva de las intenciones del Poder Ejecutivo actual, por generar más tiempo, para no ser ellos quienes carguen con las posibles consecuencias de la fiscalización.

(Crónica Jalisco)

Leave A Reply