CONTEXTOS… La municipalización del Seapal en el fondo es un asunto meramente político

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Por Gerardo Sandoval Ortiz.- A mediados de abril los asesores del alcalde Arturo Dávalos le pusieron en su escritorio la iniciativa del punto de acuerdo para llevar al pleno del Ayuntamiento la discusión y eventual aprobación relativo a la solicitud del gobierno municipal a efecto de que el gobierno del estado, por conducto de las entidades competentes, realicen la entrega real, material y jurídica, conforme a derecho, del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Seapal.

En una sesión catalogada por algunos de histórica, ayer se discutió y aprobó la iniciativa. Hubo dos votos en contra, los de Andrés González Palomera y Celina Lomelí, regidores priistas cuyo sentido del voto se entiende en su origen tricolor pues “municipalizar” al Seapal implicaría en este momento  arrancarle a los priistas la administración de los recursos del organismo público descentralizado.

Cuando tuvimos acceso a la iniciativa elaborada por un grupo de abogados bajo la titularidad de Francisco Vallejo Corona observamos algunas insuficiencias, más de forma que de fondo. La motivación y también fundamentación se mejoró al notar la argumentación expuesta por el primer edil al pleno del máximo órgano de gobierno. Enlistó una serie de beneficios en favor de los vallartenses al municipalizar al SEAPAL que por sí solo animan a aplaudir y votar a favor de dar ese paso. Se afirma: se tendrá una correcta coordinación en la realización de obras y servicios, siempre alineados al Plan Municipal de Desarrollo.

Por razones y causas que coinciden en intereses y posiciones políticas de quienes ocupan cargos destacados de las dos entidades de gobierno que más influyen en la ciudad, municipio y Seapal, en cada colonia donde hay alguna obra suceden encontronazos de “descoordinación”. Como “por ley”, empleados del municipio y trabajadores del Seapal, o en su defecto empresas contratistas respectivas, hacen lo contrario uno que el otro. Uno el zanjón, quita la carpeta asfáltica y sella. Al siguiente día, el otro va y abre y si bien le va al vecino, sella y se va. El resultado es el grosero despilfarro de recursos. Si el beneficio está en la coordinación total y garantizada nadie sensato se opondrá.

Entonces, se ofrece garantía de ahorrar recursos al no duplicar obras. En consecuencia, si el costo de operación del sistema disminuye, bajan las tarifas y todo redundará en brindar un mejor servicio de agua potable y alcantarillado en las colonias. Asimismo y por las mismas razones –el ahorro anual-, habrá más infraestructura y equipamiento en las redes del drenaje y más colonias con servicio de agua.

En el discurso se presume capacidad de manejo, requisito ineludible para reclamar el derecho de dar el servicio; “Vallarta cuenta con todos los elementos técnicos para la operación del sistema, así como todos los elementos financieros para la administración” se destacó al abrir el debate.

La iniciativa se mantendrá como un organismo público descentralizado tal y como lo señala la Ley estatal de Agua y la Ley de Aguas nacionales.

Un punto que particularmente nos llama la atención es el siguiente: el recurso de Seapal se queda 100 por ciento en Puerto Vallarta. La revisión de la cuenta pública de Seapal se realizaría a través del Pleno del Ayuntamiento lo que conlleva la aprobación de tarifas y presupuesto de egresos previa aprobación del Consejo de Administración del Organismo sin necesidad de turnarse a la legislatura estatal por lo que el recurso que se capta se quedaría 100 por ciento en el municipio para beneficio de los vallartenses”.

El entrecomillado de arriba lleva al “sospechosismo”. Tal pareciera proponerse denunciar o acusar la existencia de un permanente saqueo al Seapal. O tal vez, eso se afirma al proponer una idea persuasiva.

Pero bueno, mejor vayamos más al principio.

El Seapal como tal tiene vida joven pues apenas se creó en 1977 según el decreto 9608 publicado en el Diario Oficial del Estado. El caserío que fue Puerto Vallarta prolongó una vida de varias décadas abasteciéndose de agua  del modo más rudimentario posible. Se dispuso de una mínima infraestructura hasta 1964 con la instalación del primer organismo operador del servicio, la llamada y poderosa Junta Federal de Agua Potable, de la que en su nombre se entiende que era una entidad federal, no estatal, como lo es el Seapal. Fue un inicio difícil pues el primer paso fue precisamente el equipamiento de infraestructura que acarreó algunos damnificados, como por ejemplo los burreros. Se padecía de bases administrativas pues por años ni siquiera hubo un padrón de usuarios confiable. Muchas familias preferían seguir explotando sus pozos de agua y solo fue posible regularizar el servicio hasta finales de la década de los 70. En 1976 se calculó haber entre dos mil y 15 mil tomas de agua cuando la población se aproximaba a 50 mil habitantes.

Pero bueno, ya entrada la década de los 80 el Seapal entró en su etapa de consolidación total. Ya en los 90 se inició una cosecha de premios por la calidad del servicio y hoy todavía la paraestatal sigue considerándose un modelo y ejemplo para otras empresas del sector. Pocas ciudades del país están en condiciones de presumir tener un sistema de semejantes estándares de calidad como el Seapal.

Los problemas del Seapal no le vienen por fallas en su operación ni por baja calidad en su servicio. No. El punto de la polémica y el debate es político. De eso quedó constancia con las posiciones adoptadas por los dos regidores priistas al votar en contra del resto de los regidores. Dos votos en contra no fueron amenaza para lograr una votación favorable de mayoría calificada.

Ya a finales de los 80 el organismo se erigió en una entidad politizada. Juan de Dios de la Torre, un empresario tapatío, socio del periódico El Diario de la Bahía y que en el verano de 1989 fundó su propio periódico, El Mercurio, soñó con ser alcalde. Rodolfo González Macías lo sustituyó y le fue fácil manipular los recursos para allanarse el camino a la candidatura a la alcaldía. Coptó a líderes vecinales y líderes del partido y gastó una millonada en difundir logros del Seapal. Fue González Macías el que logró invertir millones de dólares en la primera gran planta de tratamiento de aguas residuales, la llamada Biwater 1 en las inmediaciones de Las Juntas. Con inversiones en la prensa y aliados a él los periodistas nada impidió, ni Rafael Yerena, ni los compadres del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, que del Seapal naciera el primero y único presidente municipal de Puerto Vallarta.

Pero el Seapal ha cultivado en las dos últimas décadas sobrados políticos. Eduardo Lares Moreno había sido el último priista pero el director general de hoy, César Abarca Gutiérrez también es visto por amigos y enemigos como el candidato natural del PRI a la alcaldía. El último jefe del organismo de origen panista, Humberto Muñoz Vargas buscó y logró la candidatura por el PAN. Hubo otro panista fugaz director del SEAPAL, Humberto Jiménez Rosales que una vez fue candidato a alcalde, regidor y otra vez precandidato.

En el fondo, ese es el botín en disputa. Pelean el presupuesto del Seapal, cuya magnitud es nada despreciable y capaz de crear sólidas plataformas que catapultan a las candidaturas. No por nada ya los panistas intentaron en el segundo lustro de los 90 arrebatarle el control de la empresa pero fallaron en su iniciativa de “municipalizar” al Seapal.

Revolcadero

Meses atrás, el regidor panista en ese momento y ahora alineado al Movimiento Ciudadano, Juan José Cuevas García declaró en la prensa su idea de proponer “municipalizar” al Seapal. Sin embargo, se quedó en eso y reculó cuando del Seapal le respondieron que solo buscaba ahorrar a su familia algunos miles de pesos por conectarse a la red de servicios edificaciones en la llamada “isla”, donde se construyeron restaurantes, bancos, cafés, diversos negocios, y recientemente se inauguró la agencia de auto nuevos Kía.****** Leímos una nota sobre el tema de donde tomamos el siguiente: El alcalde Arturo Dávalos defendió la propuesta y sostuvo que el municipio tiene la capacidad de manejar y administrar el sistema operador del agua, que seguirá siendo un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero ahora bajo el control del gobierno municipal. Dávalos Peña argumentó además que en las comunidades de la zona rural, a partir de La Desembocada y El Ranchito, no existe una red de agua potable y drenaje que atienda la demanda de la población, cuyo servicio actualmente es manejado por juntas vecinales, por lo que una vez en manos del ayuntamiento el Seapal, se busca incorporar a todas estas demarcaciones al sistema. Se lee bien todo. ****** ¿Y ahora qué sigue? Pues solo que el alcalde y su grupo se pongan a trabajar, cumplen todos los requisitos, llenen las carpetas con la información necesaria y envíen la petición al gobierno del estado y que éste la turne al Congreso. Todo parece indicar que la fundamentación se orientará a tomar el artículo 115 Constitucional como la base territorial y de organización para entrar en materia. En la fracción III se establece las funciones y servicios públicos  bajo responsabilidad de los municipios y en el enciso ‘a’ se lee claramente “… agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y disposición de sus aguas residuales”. Que el agua potable y demás servicios del Seapal son servicios municipales, atribuible en derecho y obligación, al municipio nadie en su sano juicio lo discutirá. En otras circunstancias, como en sus inicios, en 1964con la Junta Federal de Agua Potable, y en 1977 con la creación del Seapal tomó la obligación del  gobierno estatal, fue por eso, porque el municipio carecía de condiciones para dar el servicio. Hoy, Arturo Dávalos asegura tener todo para que el municipio asume esa obligación.

 

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