CONTEXTOS… Senadores del PAN, PT y PRD, cómplices del fracaso de la iniciativa de ‘Ley 3de3’

0

Por Gerardo Sandoval Ortiz.- Allá a mediados de la década de los 90, ya estaba de moda la inquietud popular de exigir a los políticos hacer pública su declaración patrimonial. Fernando González Corona en la ciudad fue el primero en dar un paso. En un breve sumario difundido en la prensa local dijo ser dueño de un patrimonio, cuya cantidad a la distancia del tiempo no pasó de ser 120 millones de pesos.

Nos acordamos medianamente de dicho dato porque es el ejemplo más próximo del interés de la clase política por ocultar sus fortunas personales que han amasado, ya se al amparo del ejercicio político o actividades comerciales, en los dos casos, sea o no por la vía legítima. Un González Corona tiene solvencia para justificar ese centenar de millones y muchos pesos y dólares más; pero políticos  que han ocupado empleos modestos no podrían justificar fastuosas residencias en los las zonas y fraccionamientos más exclusivos de la ciudad.

Cuando González Corona, ya existía la obligatoriedad de rendir una declaración patrimonial. Alguna vez leímos el legajo de propiedades que declaró el jerarca obrero, Rafael Yerena Zambrano. Tenía por decenas propiedades, ranchos, fincas rústicas, diversos bienes, en Puerto Vallarta, en Nayarit y en otros rincones del estado y el país.

Pero tal declaración no era obligatorio hacerlo público y fue esa una de tres exigencias que tomaron como bandera ciudadanos mexicanos y tomaron la iniciativa de reunir 600 mil firmas para emplazar a senadores y diputados afinar un paquete de iniciativas, legislar y aprobarlas. Ese ha sido tema de los últimos meses pero sobre todo de los dos últimos días, en un periodo extraordinario cuyo fin único era aprobar la llamada “Ley 3de3”.

La “Ley 3de3” es el compendió de la declaración patrimonial, la declaración de interés público y las declaraciones fiscales de cada uno de nuestros políticos, legisladores o funcionarios.

El  miércoles amanecimos con la aprobación de dicho paquete de leyes. Pero la noticia fue, los priistas y sus aliados, los del PVEM, rasuraron la iniciativa de tal forma que mediante un “adendum”, dejaron de fuera la obligatoriedad de hacer público la declaración patrimonial; “estas declaraciones serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

De lo anterior, podemos deducir que los priistas y los “verdes” torpedearon la iniciativa ciudadana pues todo se remite a lo mismo, a lo ya existente, cuya declaración patrimonial, sí es obligatoria pero no se obliga a darla a conocer a la ciudadanía.

No por una, sino por muchas razones a nuestros políticos les da comezón que sus gobernados se enteren de qué son dueños y a cuánto ascienden sus fortunas. Cuando un grupo de notables se aventuraron a reunir cientos de firmas para solicitar la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal, reaccionaron con desdén. Pero, conforme se incrementó el clamor popular en ellos también se multiplicaron los pronunciamientos. Los más decían que aceptaban someterse al escrutinio público, que los mexicanos se informaran de sus fortunas. No hubo nadie que rechazara la “3de3” ni nadie que reprochara, al menos no en público, a los promotores de esas enmiendas.

Sin embargo, en privado los priistas se resistían. Tenían el incondicional apoyo de sus aliados los ecologistas. Vetaron en el periodo ordinario ir a fondo y pospusieron la discusión y aprobación, o en su caso lo contrario, para después de las elecciones. Las elecciones del domingo 5 sorprendieron al PRI y una de las razones que hallaron en el rechazo ciudadano, fue precisamente sus negativas a someterse a la obligatoriedad de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal.

Y ante el asombro de propios y extraños, los priistas contaron con voto de apoyo de legisladores panistas, uno que otro perredista y hasta de petistas, estos declarados partidarios de López Obrador y dizque izquierdistas  a ultranza. El senador jalisciense, panista doctrinario y de fama homofóbico, Chema Martínez se ausentó. Intenta lavar su imagen argumentando que por “enfermedad” no asistió a la sesión donde se aprobó la “Ley3de3”. El colimense, Jorge Luis Preciado, ex coordinador de la bancada panista en el senado y quien dos veces a punto estuvo de ganar la gubernatura, se “perdió” al momento de la votación. Hubo otro panista de elite, Héctor Larios, que no asistió.

Interesante la posición adoptada por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores del PT, Manuel Bartlett Díaz y la campechana Layda Sansores votaron en contra. Quién sabe si tenga la explicación en su origen priista, pues Bartlett es aquel viejo dinosaurio tricolor, vestido de izquierdoso, a quien se le atribuye haber operado “la caída del sistema” en 1988, cuando la historia popular más aceptada sostiene que el PRI y Carlos Salinas de Gortari le robaron el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. El zacatecano, Héctor Menchaca y la tlaxcalteca Martha Palafox, como Bartlett y Layda, petistas y simpatizantes y activistas del Morena, tampoco votaron a favor de transparentar sus patrimonios. Layda Sansores es hija del ex dirigente nacional del PRI, Carlos Sansores, a quien apodaban “El Negro”.

Del fracaso de la propuesta ciudadana, mucho se le debe reclamar a esos 14 senadores del PT, PAN y PRD. De la oposición de priistas y verde-ecologistas ya se sabía. A ellos no les gusta que el pueblo está informado del por qué tienen tal o cual fortuna y por una razón: dedicados toda su vida a la política, jamás podrán explicar de dónde obtuvieron sus fortunas, sus residencias, sus vehículos, sus ranchos, sus mansiones y casas de descanso en los más exclusivos destinos turísticos y ciudades estadounidenses.

Marrulleros los senadores priistas, confeccionaron el “adendum” para transferir al Comité de Participación Ciudadana, figura contemplada en el Sistema Nacional Anticorrupción, la responsabilidad de decidir qué si y qué no se hace del conocimiento público. Es marrullería porque ya se sabe de antemano, al aludir a contenidos constitucionales, qué si y qué no de las declaraciones se informa a los ciudadanos. La tarea de dicho Comité Ciudadano se encargará de elaborar y emitir los formatos respectivos, exigiéndoles garantizar los rubros en donde se afecten derechos de los aludidos, de los funcionarios o políticos pues,  de dejar bajo resguardo –secreto- de las autoridades correspondientes. Es decir, que como antes, se guarden dichos datos. En otras palabras, se deja la puerta abierta para discrecionalmente determinar a quién si y a quién no se le podrán imponer responsabilidades. Y conste, en esto de fincar responsabilidades, el famoso paquete de leyes anticorrupción, también se quedó corta.

Revolcadero

Es probable que tengan razón quienes esgrimen, más con interés de eludir de culpas a sus amigos que con argumentos, que hay fuego amigo en acusaciones donde aparecen funcionarios municipales coludidos en presuntas acciones deshonestas. En las últimas semanas mucho se ha hablado del asunto del sistema de riego contratado por la anterior administración municipal, la de Ramón Guerrero, en donde está de por medio poco más de diez mellones del águila. Los señalamientos mencionan al ex alcalde y actual diputado local como responsable de haber permitido el desfalco a las arcas del pueblo. Por ahí ha habido valientes que proponen y pretenden judicializar el caso. Pero no dan ese paso y no denuncian. Pero hay defensores del motejado “Mochilas”. En la última sesión edilicia, la regidora Susana Rodríguez afirmó que no ha habido entrega de la obra, que solo se ha pagado una cuarta parte del costo del sistema de riego contratado en cuatro tramos de la avenida Francisco Medina Ascencio. Es más, recomendó al priista, Andrés González Palomera que no le siga porque no hay nada malo y que solo hay pagos por jardinería y no por regar las matitas de la avenida.¨******Y el otro fuego amigo tiene que ver con el joven abogado Diego de la Mora, hijo de un ilustre abogado que en su tiempo fue dueño de un restaurante en el viejo malecón. El periodista Jorge Olmos recién informó de anomalías en esas multas y pagos que ocurren en cada operativo alcoholímetro que dos o tres veces semanalmente implementa el personal de Tránsito Municipal, apoyado por personal de otras dependencias como justamente los jueces municipales. Diego de la Mora es uno de los jueces y a él lo señalan de estar metido en presuntas irregularidades. Sus defensores gratuitos, que por cierto no son pocos, se volcaron a defenderlo y hablaron de él linduras. Quizá es buen mozo el joven abogado. Pero si el objetivo del fuego amigo es él, ya no es bien en el grupo gobernante y es tiempo de buscarle por otro lado. Si es buen abogado, si es todo honesto, no tendrá problema para conseguirse otra chamba. El regidor Gonzalo Guzmán le puede abrir campo en su pool de asesores, que por cierto mucho le hacen falta.****** Fuego amigo también se advierte en el área de Desarrollo social, sobre todo en esas giras o recorridos que suele hacer el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. A veces ha llegado a las colonias a inaugurar alguna obra y que se enoja el alcalde porque no hay ni un vecino  para invitarlo a cortar el listoncito y atestiguar el momento. Unos acusan a Diego Franco de no hacer su trabajo. Y éste desliza las culpas al personal a su cargo. Al charro Armando Ibarría no lo molesta pues tiene la bendición y el permiso para ausentarse tantos días desee siempre y cuando vaya a torneos de charrería. Lo curioso es que de las regañadas del alcalde nadie se escapa y hasta a los de comunicación social les dan su jalón de orejas. En organizar fiestas, patronales o vecinales, a todo les lleva ventaja mi delegado en Ixtapa Víctor Manuel “El Cachi” Aréchiga. Cuando inaugura alguna manzanita de concreto o empedrado nuevo, hasta banda le ofrece a “la Mona” Dávalos.

 

Leave A Reply