Legalidad y seguridad, objetivo de supervisión del transporte público en PV

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Con la finalidad de recuperar la rectoría del Estado en el transporte público y de garantizar la seguridad de los usuarios, la Secretaría de Transporte, en coordinación con la Policía Vial de Puerto Vallarta, emprendieron un operativo de supervisión a taxis y plataformas irregulares que ofrecen servicio de traslado de pasajeros.

Hasta las 18:00 horas, el corte del operativo arroja 22 unidades de plataformas detenidas, en tanto que de 60 taxis amarillos revisados se levantaron 30 folios, 22 licencias retenidas y 2 vehículos detenidos.

Tal acción tiene como base legal el artículo transitorio de la Ley de Movilidad que estipula que el servicio de carros de alquiler mediante Empresas de Redes de Transporte (ERT) en ciudades medias de Jalisco está supeditado a que primero haya concluido su regularización en el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en la convocatoria respectiva que se lanzó para el registro en el área conurbada de la capital jalisciense.

Estas revisiones no están dirigidas en una plataforma en particular, sino a todo el servicio de transporte público en sus diversas modalidades, y prueba de ello es que en los operativos que iniciaron a mediados del pasado mes de diciembre en el AMG arrojan como resultado 105 unidades del transporte público retenidas y 5,845 folios de infracción, en tanto que 99 taxis convencionales fueron remitidos al corralón y 131 multas.

El objetivo principal de estas revisiones es la seguridad de usuarios de taxis piratas o plataformas irregulares, ya que ante un eventual caso en que se atente contra la integridad física de éstos (secuestro, asalto o violación), las investigaciones se dificultan porque se desconoce la identidad del conductor y propietario del vehículo, así como las características de éste.

Cabe destacar que este Gobierno está a favor de las tecnologías aplicadas al transporte público, siempre y cuando éstas se ejerzan dentro del marco de la legalidad.

Por último, es preciso aclarar que ante un posible reclamo de quienes se vean afectados por estos operativos, son las mismas empresas las que deben asumir la responsabilidad por engañar a quienes se adhirieron a determinada plataforma sin cubrir con la legalidad.

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