El Gobierno avanza con su plan de recorte de gastos. En este caso, anunció la suspensión de pagos en el sitio de memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) durante el mes de abril por supuestos “gastos injustificados” que ascienden -indicaron- a los 3 mil millones de pesos anuales “sin ningún tipo de control ni rendimiento de gastos”.
“Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastaron $3.359.732.866 anuales de los contribuyentes para mantener el predio de la ESMA, sin fiscalización ni supervisión alguna”, informaron desde la cartera en un comunicado.
En este marco, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenó suspender momentáneamente los pagos hasta que se complete una auditoría “que explique en qué se gastaban el presupuesto” y que puede demorar como máximo 60 días.
Fuentes del Ministerio de Justicia informaron a LA NACION que desde el directorio de la exESMA no dieron datos específicos que justifiquen los gastos ni aclararon cuántos trabajadores tienen al momento. “No nos dicen cuánta gente trabaja como para ver ese tema. Ante tanta irregularidad se decidió suspender el pago”, indicaron.
“Se cree que hay más de 100 empleados, incluso algunos hablan de 200. Los ingresos son libres, pero ellos no rinden cuentas ni pueden explicar qué están haciendo con la plata” siguieron e insistieron: “No tenían presupuesto de gastos, facturas, rendición de cuentas, nada. Querían que les demos una fortuna sin ningún tipo de control y eso es inaceptable; de los pocos gastos que intentaron justificar saltó que supuestamente se gastaban 16 millones de pesos al mes en cortar el pasto“.
Según pudo saber este medio, las comunicaciones del ministerio comandado por Cúneo Liberona se dieron con el directorio que agrupa a agrupaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.
Entre los puntos a los que exigen que el espacio se “comprometa a cumplir” para destrabar las transferencias de fondos suspendidas se encuentran la “readecuación del funcionamiento y rendiciones de cuentas del ente”; la revisión del procedimiento interno; la elaboración e implementación de un sistema de rendimiento de cuentas; la elaboración de un presupuesto plurianual; y la confección de un balance anual del 2024.
Cúneo Libarona indicó que el Gobierno ya comenzó la auditoría para revisar los costos en la exESMA y para “rastrear cada peso que gastaron”. “Estas decisiones son parte de un proceso que lidera el presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta”, cerró.
La medida fue ratificada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que dijo que se usaron más de 3000 millones de pesos anuales sin fiscalización
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