El Gobierno Nacional ha presentado una denuncia penal contra la jueza porteña Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su decisión de liberar a 114 detenidos tras la protesta de jubilados en las inmediaciones del Congreso el pasado 12 de marzo.
La denuncia, instruida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y presentada por el abogado del ministerio, Fernando Soto, acusa a la magistrada de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”. Según el escrito, se señala que Andrade ordenó las liberaciones “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
Además, se cuestiona que la jueza haya dictado la resolución a través de un chat de WhatsApp, lo que, según el Gobierno, impidió establecer un registro oficial de la decisión y dar intervención formal a la Fiscalía. Desde el Ministerio de Seguridad criticaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legítimas de reclamar, sino que son constitutivas de delito”.
Por su parte, la jueza Andrade defendió su accionar, afirmando que resolvió con los elementos que tuvo “a disposición” y destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
Este episodio se enmarca en un clima de tensión creciente, con nuevas movilizaciones previstas por parte de los jubilados y otros sectores sociales que reclaman mejoras en sus condiciones. La actuación de las fuerzas de seguridad en las recientes protestas ha sido objeto de críticas, especialmente tras los incidentes que dejaron más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, incluyendo al fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave.
El Gobierno ha respaldado el accionar policial y ha anunciado medidas más estrictas para enfrentar situaciones de violencia en las manifestaciones, mientras que sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos exigen respuestas y la renuncia de la ministra Bullrich. Se espera que las próximas jornadas sean clave para el desarrollo de este conflicto social y político.