Las estadísticas confiables son pilar esencial de cualquier Estado moderno que pretenda diseñar políticas públicas eficaces, justas y sostenibles. Esos andamiajes no se construyen sobre intuiciones, anécdotas ni preferencias ideológicas: se basan en evidencia empírica, en datos públicos duros, verificables y producidos con metodologías tan rigurosas como transparentes. Es a través de estos datos que los gobiernos pueden diagnosticar problemas reales, identificar poblaciones vulnerables, distribuir recursos con equidad y medir el impacto de sus intervenciones. Cuando esa base objetiva es corroída, todo el edificio institucional se ve peligrosamente afectado.
Entre 2007 y 2011, bajo la intervención del entonces violento secretario de Comercio Guillermo Moreno y sus secuaces, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue siniestramente sometido a una sistemática manipulación de sus indicadores, en particular del índice de precios al consumidor. Esta intervención no fue un mero desliz técnico ni un error de gestión, sino una operación deliberada para falsear la realidad económica del país, encubrir niveles de inflación incompatibles con el discurso oficial y disminuir, entre otras cosas, el pago de cláusulas atadas a la inflación en bonos soberanos, en el contexto de una gestión en la que el relato pretendió suplantar la verdad. La destrucción de la credibilidad de un organismo hasta entonces reconocido como el Indec significó, en términos prácticos, dejar al país sin brújula estadística. Las cifras de pobreza, empleo, actividad económica y precios dejaron de reflejar la situación real de los argentinos, impidiendo la elaboración de diagnósticos certeros y desarticulando cualquier intento serio de política pública basada en evidencia.
El daño no fue solo institucional, fue también profundamente social, pues las condiciones de vida de millones de ciudadanos quedaron invisibilizadas y se construyeron programas públicos sin saber con precisión a quiénes debían dirigirse ni cómo evaluar su efectividad. Este vaciamiento técnico del sistema estadístico argentino representó uno de los actos más graves contra la capacidad del Estado para actuar racionalmente en beneficio de su población, por lo que corresponde también hablar de un vaciamiento ético aun cuando sus responsables desconozcan profundamente el valor de esta palabra. Tanto que Moreno pretende seguir burlándose de nosotros sonriendo desde afiches de la agrupación política “Principios y Valores”, que incluye la leyenda “Orgullosamente peronistas”.
Resulta inadmisible que quienes fueron responsables directos de esta destrucción se pavoneen jactanciosos en prestigiosos espacios dedicados al pensamiento, diseño y evaluación de políticas públicas. La irritante presencia de Guillermo Moreno en esos foros no solo banaliza el enorme daño causado, sino que, más grave aún, contradice el espíritu mismo de instituciones que se construyen sobre la premisa de que la política pública debe ser informada por datos confiables, no por siniestras operaciones políticas, mucho menos por objetivos personales. Reivindicar el valor de la estadística pública y señalar sin ambages a los responsables de su malintencionada manipulación es también una forma de defender la democracia, la transparencia y los derechos ciudadanos.
El exfuncionario kirchnerista fue condenado en agosto último por el Tribunal Oral Federal N°2 a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de abuso de autoridad, al ser considerado responsable de la manipulación de los datos del Indec. Carga, además, con otras dos condenas previas: una de dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos, por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón de la denominada campaña “Clarín miente”, y otra de dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos por amenazas coactivas en una asamblea de Papel Prensa. Pero las sentencias no se han ejecutado aún pues la Corte Suprema debe pronunciarse sobre un recurso de queja presentado por su defensa.
Moreno pretende hoy seguir dando cátedra de economía, pero debería estar preso.
La política pública debe ser informada con datos confiables y no por siniestras operaciones políticas, mucho menos por los objetivos de nefastos dirigentes
