Con un fallo breve y contundente, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó avanzar con la investigación por presunto lavado de activos que afrontan dos de los empresarios más poderosos de Bahía Blanca, Gustavo Elías y Gustavo Damiani, sospechados de lavar fortunas y actuar desde hace años como supuestos testaferros del líder de Camioneros, Hugo Moyano, y sus familiares más cercanos.

El fallo de la Cámara Federal contravino así los intereses de Elías y Damiani, quienes controlan un holding amplio de empresas en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras ciudades. Ambos habían reclamado el cierre de la investigación judicial tras plantear que se habían acogido a un blanqueo fiscal, además de por prescripción y por considerar que se vulneraron sus derechos a ser juzgados en un plazo razonable, entre otros motivos.

Los camaristas Roberto Amabile y Pablo Larriera rechazaron los planteos de las defensas y remarcaron que se trata de una pesquisa compleja, dada la “gravedad de los hechos presuntamente cometidos, que lesionan bienes jurídicos como la hacienda pública, el orden económico y financiero, la administración de justicia y, en algunos casos, la fe pública”.

“La causa ha requerido la obtención de múltiples informes de la ex AFIP, levantamiento de secretos [fiscales], análisis contable de operaciones complejas y la evaluación de vínculos societarios múltiples (amén del pendiente informe de reincidencia)”, remarcó Amabile en su voto, al que adhirió su colega. “Todo ello demuestra una actividad compatible con la complejidad del caso, sin que pueda de momento imputarse una demora inaceptable a los órganos de persecución penal”, concluyó.

La investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos, lo que provocó la apertura de una pesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva

Ya en julio de 2022 y mayo de 2023, la fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.

¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías habría apelado a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.

Consultados entonces por LA NACION, desde el Grupo Elías desestimaron la investigación por “inconsistente” y sostuvieron que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó entonces uno de sus abogados, Daniel Llermanos, también letrado histórico de Moyano.

Llermanos lamentó entonces que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca no compartió los planteos del letrado. Por el contrario, en la resolución de diez carillas que fecharon el 12 de este mes, los camaristas Amabile y Larriera rechazaron todos los argumentos de las defensas, aunque sí le requirió al Juzgado instructor que le “imprima la debida diligencia a la investigación”.

El holding de empresas

Para el fiscal González Da Silva, la trama delictiva habría abarcado cerca de 40 personas, muchas de las cuales son parientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y sociedades distintas. Y todo eso bajo la sospecha de que el grupo Elías actúa o actuó como testaferro de terceros, que podrían ser Hugo Moyano y su familia.

Jugador de peso en el puerto de Buenos Aires, donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para contenedores, Elías es dueño hoy de un holding que incluye múltiples sociedades y medios de comunicación, como La Nueva, en Bahía Blanca. Y en 2007 constituyó junto a Llermanos la firma Ivetra SA, un bastión del holding.

Sin embargo, trece meses después de recibir el segundo dictamen fiscal, el juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, se declaró incompetente tras desgranar los hallazgos preliminares de la pesquisa. Detalló, así, “la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas [que integran el grupo Elías], depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”.

Ya en septiembre de 2024, en tanto, la Cámara Federal bahiense apartó al juez López da Silva y reafirmó que la pesquisa debía continuar en Bahía Blanca. “No puede perderse de vista que, desde el inicio de la causa, la investigación se ha radicado y desarrollado en esta jurisdicción, con motivo de ser el lugar de principal asiento de negocios y el centro de vida de los sujetos investigados”, remarcó el camarista Amabile en la resolución. Ahora, además, les requirió celeridad a los instructores “para un pronto tratamiento” de toda la madeja bajo sospecha.

​Gustavo Elías habría recurrido a una trama de 40 allegados y 80 empresas y sociedades para lavar fortunas; había pedido el cierre de la pesquisa, pero la Cámara Federal de Bahía Blanca lo rechazó